El índice 2026 expone a 1,700 ayuntamientos que no publican información básica del gasto público.
Reportera de investigación
En las últimas semanas, las revelaciones documentadas por este medio han abierto una nueva grieta en el aparato gubernamental. Los registros obtenidos vía solicitudes de transparencia, sumados al testimonio de cinco funcionarios que pidieron mantener su identidad reservada, componen un expediente que será entregado a la Fiscalía Especializada esta misma semana.
La cronología es contundente. Entre 2022 y 2025, decenas de operaciones fueron autorizadas sin el cumplimiento de los procedimientos mínimos que marca la ley. La trazabilidad de los recursos, como demuestran los anexos publicados, conduce a un mismo nodo financiero.
"No se trata de un caso aislado. Es un patrón sistémico que requiere una respuesta institucional inmediata."
Las consecuencias políticas comienzan a sentirse. Voces del propio oficialismo han pedido, en privado, deslindar responsabilidades antes de que el tema escale en el Congreso.
Académicos y periodistas alertan que el rezago en el órgano garante de transparencia ya impide ejercer el derecho a la información.
Una investigación de seis meses documenta cómo 47 empresas sin operaciones reales facturaron servicios de capacitación inexistentes entre 2022 y 2025.
La oposición abandonó el pleno tras una sesión de nueve horas. Activistas advierten un retroceso en la independencia de los jueces federales.
Los señalamientos apuntan a sobrecostos de hasta 220% en la rehabilitación de tres hospitales públicos durante la administración pasada.
